Empresarial

Obstáculos para la ejecución de créditos incorporados en facturas electrónicas / Parte II

 


 

Como se adelantó en la publicación anterior, más allá de la imposibilidad que se ha presentado en instancias judiciales en relación con el cobro ejecutivo de las facturas electrónicas por no estar acompañadas de un título de cobro, existen otros obstáculos “formales” que se han podido identificar en la práctica procesal. Especialmente, existen requerimientos que desconocen la naturaleza ejecutiva de la factura electrónica, en la medida en que, supuestamente, no reúne todos los requisitos esenciales, generales y específicos para ser considerada como título valor.

El numeral 9 del artículo 1 del Decreto 1154 del 2020 define la factura electrónica como un título valor en mensaje de datos expedido por el emisor o facturador electrónico, que evidencia una transacción de compraventa de un bien o la prestación de un servicio, entregada y aceptada tácita o expresamente por el adquirente/deudor/aceptante y que cumple los requisitos establecidos en el Código de Comercio y en el Estatuto Tributario. Los títulos valores se caracterizan, porque son esencialmente formales, distinguiendo la normatividad comercial la presencia de unos requisitos generales y particulares, siendo los primeros, los consagrados en el artículo 621 del Código de Comercio a saber: (i) el derecho que en el título se incorpora y (ii) la firma de quien lo crea.

La firma del emisor en la factura es un requisito indispensable, a tal punto que si carece de este elemento podría perder su mérito ejecutivo o sus prerrogativas como título valor. Su carácter imprescindible es reconocido en la práctica procesal y de allí que los operadores judiciales impidan la prosperidad del cobro de las facturas electrónicas argumentando la ausencia de la firma de su emisor a la luz de lo señalado en el artículo 621 del Código de Comercio. En esa medida, es necesario dar estricto cumplimiento a aquellos equivalentes digitales funcionales que permiten satisfacer el otrora requisito de la firma manuscrita, garantizando, en todo caso, la autenticidad e integridad del mensaje de datos que incorpora la factura electrónica.

Bajo las anteriores líneas de discusión, la firma digital constituye el medio idóneo para satisfacer los requerimientos señalados en el Código de Comercio y la autenticidad e integridad del mensaje de datos. De allí que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – en la Resolución 42 de 2020 expresamente señalara que la factura electrónica de venta debe expedirse con “La firma digital del facturador electrónico de acuerdo con las normas vigentes (…) para garantizar autenticidad, integridad y no repudio de la factura electrónica de venta”. Por tanto, al momento de implementar el sistema de facturación electrónica o, incluso, evaluar su funcionalidad o propuesta de valor, necesariamente deberá verificarse que permita acreditar la firma digital del emisor. La ausencia de este elemento impedirá que quien ha prestado un bien o servicio logre la satisfacción de su crédito en caso de que medie un incumplimiento.

Ahora bien, para que una firma digital adquiera su condición de tal no basta con que exista una representación alfanumérica en el mensaje de datos. Adicionalmente, la firma contenida en la factura electrónica debe ser susceptible de certificación por parte de una entidad de certificación digital. De allí que al momento de adoptar el sistema de facturación electrónica los obligados a facturar deberán tener en cuenta: (i) quienes facturan con su propia plataforma de facturación electrónica, deberán adquirir e integrar la firma digital a través de una Entidad de Certificación Digital; (ii) quienes facturan a través de Proveedores Tecnológicos, es recomendable consultar si esta debidamente integrado con una Entidad de Certificación Digital; (iii) quienes facturen a través de la plataforma gratuita de la DIAN, podrán emplear el sistema de certificación que ofrece la entidad.

Finalmente, si bien la normativa que regula la factura electrónica es clara en cuanto a sus elementos y requisitos para constituirse como un título valor, posiblemente nos encontremos con barreras que van en contravía del sentido común y de lo preceptuado por las normas. Claro ejemplo de lo afirmado lo constituye el hecho de exigir la firma manuscrita de cualquier de las partes, ya sea emisor, escenario que fue detallado en este escrito o, del deudor, situación que es aún más gravosa.

 

Los invitamos a contactarnos ante cualquier inquietud, de manera que podamos asesorarlos.

 

Cordialmente,

Alejandro Martínez Arango

Jorge Mario García García

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